jueves, 30 de octubre de 2008

LAS PRIVATIZACIONES EN MEXICO (PARTE1)

HE AQUI LA RELATORIA DEL DAÑO QUE HAN HECHO GOBIERNOS FALTOS DE ETICA MORAL Y NACIONALISMO


Emilio Sacristán Roy
El presente artículo tiene por objeto hacer un recuento general de la política de privatiza-
ciones, así como una evaluación de la misma.
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No se relatan todas las privatizaciones, pero sí los procesos más importantes.
Introducción
La privatización de empresas estatales empieza en el mundo con el gobierno de Margaret
Thatcher en el Reino Unido, y esta política se extiende a diversos países.
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Entre los países
en desarrollo y en América Latina, Chile es el país que inicia este proceso y lo lleva
a cabo de la manera más vigorosa.
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En el ámbito internacional, la privatización se
convierte en una de las recetas de la sana política económica recomendada por
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El secretario del Tesoro de
Estados Unidos también hace suya esta receta. Es seguida en todos los ámbitos
internacionales y se pregona a la privatización como sinónimo de “modernización”, “efi-
cientización” y “saneamiento de las finanzas públicas”.
La rapidez con la que se extiende por el mundo el movimiento privatizador se explica
en parte porque coincide con la desilusión generalizada hacia el Estado promotor y sus
excesos. Los límites del enfoque racional del Estado Benefactor permitieron que los con-
ceptos básicos de la economía neoliberal encontraran una nueva preeminencia.
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En México, el cambio coincide con el inicio del gobierno del presidente Miguel De la
Madrid y el desprestigio de los excesos de los gobiernos priístas anteriores. Se abandona
la política progresista y nacionalista y se adopta una política de carácter neoliberal.
El proceso de privatización tiene tres etapas: en la inicial, de 1984 a 1988, se realiza
la privatización de varias empresas de diversa índole y actividad; en la segunda, de 1988
a 1999, se realiza ya la privatización a fondo de varios sectores, como los de siderurgia,
banca y teléfonos; y en la tercera, de 1995 a 2000, se profundiza aún más el proceso y se
realizan cambios constitucionales para vender los ferrocarriles y la comunicación vía saté-
lite. En este documento revisaremos el período inicial y luego examinaremos los distintos
sectores económicos en los que se llevó a cabo la privatización.

1. Quiero agradecer a Jorge Leipen y a Pedro Enrique Velasco sus comentarios al borrador del
presente artículo y la gentileza de revisarlo.
2. Carlos Bazdresch, Privatización: algunas preguntas, “Privatización: alcance e implicaciones”,
CIDE
y Centro Tepoztlán. 1989 p. 7.
3. Mario Marcel, La privatización de las empresas públicas en Chile, op. cit. p. 95.
4. Raymond Vernon, Economic Criterion for Privatization, Economic Development Institute, 1987,
p. 2.
Profesor de la Facultad
de Economía,
UNAM


El inicio

Se procede inicialmente promulgando la Ley de Entidades Paraestatales,
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en la
que se clasifican los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal
mayoritaria como estratégicos, prioritarios y no prioritarios; y se ordena todo el sector
paraestatal conforme a estos criterios. De esta manera se inicia la privatización de aque-
llas empresas clasificadas como no prioritarias y, para apoyar esta acción, se reclasifican
los ferrocarriles, entre otras empresas, de prioritarios a estratégicos, realizándose una
modificación constitucional para justificar su clasificación como organismo paraestatal no
privatizable. Diez años después se decidió deshacer ese cambio.
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La privatización forma parte de un proceso más amplio llamado “desincorporación
del sector paraestatal”, que está conformado por 1) la liquidación de empresas o extinción
de fideicomisos, 2) las fusiones, 3) las transferencias a los gobiernos estatales y 4) las
ventas en sí. En estricto sentido, la privatización se refiere al último rubro, las ventas.
De 1982 a 1988 la desincorporación se dio como sigue: 294 liquidaciones y ex-
tinciones, 72 fusiones, 25 transferencias y 155 empresas vendidas al sector privado o al
sector social.
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Tan sólo se privatizarían, en un principio, las empresas no prioritarias. La gran mayo-
ría de ellas filiales de Nacional Financiera y de Somex. En el primer caso, se habían acu-
mulado en el organismo un gran número de empresas de participación estatal mayoritaria,
algunas por promoción deliberada y otras para rescatarlas y evitar su quiebra en manos
del sector privado.
En el segundo caso, Somex originalmente fue una financiera privada dedicada a la
promoción industrial. Contaba con una gran cantidad de empresas filiales (y al ser nacio-
nalizada, todas estas filiales pasaron a ser empresas de participación estatal).
A partir de 1984, tan sólo se privatizan ciertas empresas selectas, en su mayoría,
como se dijo, filiales de Nafinsa y de Somex, que se vendieron a los socios privados,
nacionales y extranjeros. Ése fue el caso de Dirona, Dicona, Forjamex, Sosa Texcoco,
etcétera. Se trataba de empresas rentables, y si el precio de la privatización fue correcto
es difícil saberlo. Podemos suponer que fue razonable, si bien con cierto castigo. Este
proceso fue un poco desordenado y casuístico, y definitivamente no tuvo la transparencia
que se hubiera deseado.
En esta etapa se vendieron 155 empresas de participación estatal mayoritaria,
entre las que cabe destacar Tereftalatos Mexicanos, que se vendió en 106 millones de
dólares.
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La siguiente etapa fue mucho más difícil, pues se trataba de vender empresas de
baja rentabilidad o de rentabilidad negativa o dudosa. Aquí fue necesario sanear a estas
5. Se hace toda una serie de disposiciones, entre las que destaca la reforma a los artículos 25 y
28 constitucionales.
6.
SHCP
, El proceso de enajenación de entidades paraestatales, nov. 1994, p. 5.
7.
SHCP
, op. cit., pp. 6 y 7.
8. Jacques Rogozinski, High Price for Change, Inter-American Development Bank. Washington,
D.C., 1998, pp. 76 y 77.
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empresas para hacerlas atractivas; otras fueron traspasadas a los sindicatos, como fue el
caso de varias que se vendieron a la
CTM
.
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Industria siderúrgica

Sidermex, como se llegó a llamar al conjunto de las tres siderurgias en manos del gobier-
no, estaba conformada por Altos Hornos, S.A., Fundidora Monterrey, S.A. y Siderúrgica
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. de C.V.
La primera, Altos Hornos, S.A. (
AHMSA
), fue resultado de una promoción originalmen-
te privada durante la época de la II Guerra Mundial; enseguida fue tomada por Nacional
Financiera, que la promovió y apoyó en su crecimiento. Durante casi dos décadas fue una
de las filiales más rentables de Nafinsa.
Fundidora Monterrey, S. A., de promoción privada, fue la primera siderúrgica de
América Latina que se desarrolló y creció en forma sana, hasta su última expansión. Ésta
fue en su mayor parte financiada con créditos de plazo no suficientemente largo y en mo-
neda extranjera. Así, la empresa llegó a una crisis financiera profunda con la devaluación
de 1976 y Nafinsa, para evitar su quiebra, la absorbió capitalizando créditos y garantías. Y
Sicartsa, que sí fue una promoción deliberada del Estado a través de Nafinsa, estuvo des-
tinada a explotar yacimientos ferrosos en la zona cercana al puente de Lázaro Cárdenas.
Las tres empresas de Sidermex, altamente financiadas con créditos en moneda ex-
tranjera, fueron seriamente afectadas con las devaluaciones de 1976 y de 1982, al grado
que Nafinsa no pudo realizar su saneamiento, y el gobierno federal no autorizó capitaliza-
ciones. En consecuencia, Fundidora de Monterrey entró en un proceso de liquidación y
las otras dos, algunos años después, se pusieron a la venta.
El gobierno asumió pasivos por cerca de 6000 millones de dólares (2500
AHMSA
,
1000 Sicartsa I y 2500 Sicartsa II), sin contar que en el cierre de Fundidora se absorbie-
ron pasivos por otros 2000 millones de dólares.
Esta asunción de pasivos saneó financieramente a las tres empresas, pero aun así
se decidió liquidar a Fundidora y privatizar a las otras dos. La operación de venta o pri-
vatización se realizó por la unidad que se creó ex profeso para las privatizaciones en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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El resultado de la gestión de venta fue que las empresas prácticamente se regala-
ron: Por Sicartsa I se obtuvieron 164 millones de dólares; por Sicartsa II, 170 millones
de dólares, y por
AHMSA
, 145 millones de dólares.
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Un total de 755 millones de dólares,
frente a un capital contable que se estima por el autor en por lo menos 6000 millones de
dólares (recuérdese que los pasivos fueron absorbidos por el gobierno federal).

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